Observatorio Inmobiliario y de la Construcción nº92

pág 97/nº92a/2018 OBSERV V TORIO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN Como se ve, en consecuencia, el ejercicio de las potestades discre- cionales de la Administración tiene unos límites que derivan directa- mente del artículo 103 de la Consti- tución Española, el cual impone a la Administración servir con eficacia y objetividad a los intereses generales “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Situándonos a partir de ahora en un caso concreto referido al tra- tamiento que la alteración del pla- neamiento en el ámbito de la Comu- nidad de Madrid pudiera efectuar en relación con un suelo afecto al dominio público y, en particular, con una red pública de zonas verdes, de acuerdo con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM) ha- bría de tenerse presente lo siguiente: a) Conforme al artículo 67.2, cuando la alteración del planea- miento “desafecte el suelo de un destino público (…) deberá contem- plar las medidas compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad de las dotaciones previstas respecto del aprovechamiento ur- banístico del suelo, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro, (…) y, en todo caso, asegurar la funcio- nalidad y el disfrute del sistema de redes de infraestructuras, equipa- mientos y servicios públicos”. b) A su vez, de acuerdo con el artículo 69 según la redacción que le fue dada en la reforma operada por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de de Medidas Fiscales, Adminis- trativas y Racionalización del Sector Público, con motivo de la modifica- ción de los instrumentos de planea- miento urbanístico “no se podrán disminuir las zonas verdes por de- bajo del estándar establecido en el artículo 36”, es decir, del estándar mínimo para espacios libres arbo- lados de 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados cons- truidos, regulación que difiere de la originaria según la cual la alteración del planeamiento no podía “supo- ner la disminución de zonas verdes o espacios libres”. Se destaca finalmente que, a di- ferencia de lo que ocurría bajo la vigencia de la Ley del Suelo de 1976 según la cual (artículo 50) la aproba- ción de modificaciones de planea- miento general que alteraran zonas El ejercicio de las potestades discrecionales de laAdministración tiene unos límites que derivan directamente del artículo 103 de la Constitución Española

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