Observatorio Inmobiliario y de la Construcción nº94

OBSERV V TORIO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN pág 82/nº 94/2018 MERC A DO RESIDENCIAL E l pasado 12 de junio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la modifica- ción de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, cuya entrada en vigor se hizo efectiva el pasado 2 de julio. Esta modificación trata de paliar uno de los grandes problemas del sector inmobiliario en Espa- ña, como es la falta de protección del propietario en caso de ocupación ilegal de viviendas. No obstante, dicha modificación, por lo que se explica a conti- nuación, es limitada y no va a suponer cambios pro- fundos respecto a la situación actual. Analizando las principales novedades, lo prime- ro que nos encontramos es que sólo unos pocos van a poder beneficiarse de esta modificación: se podrán acoger únicamente las personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o instituciones públicas propieta- rias de viviendas, quedando excluidas por tanto to- das aquellas entidades privadas (incluyendo actores principales en el sector inmobiliario como los fon- dos de inversión, inmobiliarias o bancos). Ni siquie- ra un organismo como la Sareb podrá beneficiarse de la nueva Ley, al tener un 51% de su accionariado en manos privadas. Además, solo resulta aplicable a viviendas (ya sean primera o segunda vivienda), quedando excluidos los locales de negocio u otro tipo de inmuebles. Otro de los puntos novedosos que marca la mo- dificación de la Ley es el llamado “ desahucio cau- telar ”, por el que un propietario podría solicitar el desahucio de los ocupantes ilegales que se en- cuentran en su vivienda, antes de que el juez dicte su sentencia. No obstante, aunque la modificación es voluntariosa en este sentido, creemos que este punto será de muy difícil aplicación en la práctica debido, como razón principal, a que el juez pre- tenda evitar situaciones complicadas como el tener que desahuciar cautelarmente a un ocupante (y su familia, por ejemplo, que se encuentre conviviendo con él en la vivienda) para que luego tenga que ser retornado si el juez, a posteriori, no diera la razón al demandante. Otra de las dificultades con las que se puede en- contrar la modificación de la Ley, que fija plazos de desocupación muy ambiciosos, es el gran problema de fondo de la Justicia en España y que no es otro que la lentitud en la tramitación de los procedi- mientos debido a la falta de medios y la saturación de los juzgados. Aunque la modificación pretende evitar los complicados trámites y largos plazos con los que se encontraban los propietarios de vivienda ocupada, lo cierto es que, si no se destinan más me- dios y personal en los juzgados, difícilmente podrán reducirse dichos trámites y agilizarse los plazos. Por otra parte, según lo indicado, la modifica- ción solo beneficia a determinado perfil de inver- sores. Consideramos que una reforma más ambi- ciosa de la Ley, ampliando su ámbito de aplicación, hubiera eliminado las incertidumbres y dudas que el mercado español tiene para los inversores más activos como fondos de inversión, inmobiliarias y/o bancos, a quienes los problemas en el desalojo de este tipo de ocupantes les supone una fuerte barrera de acceso o traba para acometer ciertas operaciones. En cualquier caso, la reforma plantea medidas interesantes como que la demanda no tendrá que estar dirigida a una persona concreta, sino de ma- nera genérica contra los ocupantes ilegales de la vivienda. Igualmente, los motivos de oposición que pudiera alegar el ocupante ilegal están ahora tasa- dos: su oposición podrá fundarse exclusivamente en probar que tiene título suficiente frente al de- mandante, o en probar que el demandante no tiene título para instar el desalojo de la vivienda. Pese a las luces y sombras, la reforma de la Ley es un paso en la buena dirección en la que habría que profundizar y avanzar, para hacerla extensible a todo tipo de inversores y a todo tipo de inmue- bles. [ ] Modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas Un paso insuficiente,pero en la buena dirección Isidro del Moral Socio de Bird & Bird Jacobo Sánchez-Andrade Counsel de Bird & Bird

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