Observatorio Inmobiliario y de la Construcción nº95

pág 117/nº95/2018 OBSERV V TORIO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN nados a aparcamiento y viales al Ayuntamiento; la cuestión se redu- ce a si la certificación emitida por la secretaria del Ayuntamiento es título formal suficiente a pesar de la previsión de otorgamiento de una escritura pública, que se hizo en el convenio urbanístico en el que las partes fijaron el conjunto de derechos y deberes derivados de la revisión y modificación del Plan Ge- neral de Ordenación del municipio. Esta cuestión ha sido tratada y resuelta por la DGRN en otras re- soluciones, estableciéndose que la sola certificación del secretario del ayuntamiento respectivo es título formal suficiente para la inscrip- ción a favor del mismo de tales te- rrenos siempre que en la misma se dé fe de los actos administrativos firmes a través de los cales se opera la cuestionada cesión . Resultando de la certificación administrativa presentada que la finca a que se refiere está destinada por el planeamiento a terreno de cesión obligatoria así como que se han cumplido los requisitos para la consumación de la adquisición en la persona del Ayuntamiento, cabe afirmar la idoneidad documental del título presentado para proceder a la inscripción solicitada. El hecho de que entre el titular registral y la Administración cesio- naria existiese un convenio urba- nístico en el que se previó el otor- gamiento de escritura pública para formalizar la cesión no obsta a lo expuesto. Es precisamente la falta de otorgamiento de la escritura pú- blica la que justifica que el Ayunta- miento, en ejercicio de sus compe- tencias, lleve a cabo de forma unila- teral la formalización de cesión de un terreno que materialmente ya le pertenece, a fin de modificar el con- tenido del Registro de la Propiedad. Respecto al segundo de los de- fectos, igualmente debe desestimar- se. Como resulta de la certificación del Ayuntamiento, tras la firma del convenio urbanístico entre el titular registral y la corporación municipal en virtud del cual aquél se obliga a formalizar la cesión obligatoria de terrenos derivada de la ejecución del planeamiento como consecuen- cia de la aprobación definitiva de la modificación del Plan General y tras producirse esta, se produce el aviso previsto en la Ley del Suelo de 1976, que hace referencia a lo siguiente: cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Ur- banística sin que se llevase a cabo la expropiación de los terrenos que, con arreglo a su calificación urba- nística, no sean edificables por sus propietarios ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes advertirán a la Administra- ción competente de su propósito de iniciar el expediente de Justiprecio. No es esta la situación que re- sulta del certificado administrativo presentado a inscripción; conforme al artículo 39.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Ad- ministrativo Común de las Adminis- traciones Públicas, los actos de las Administraciones sujetos al Dere- cho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Sin perjuicio de las consecuen- cias administrativas y en su caso judiciales que resulten de la preten- sión del particular, resultando que el terreno objeto de este expediente está sujeto a cesión obligatoria co- mo consecuencia de las previsiones del planeamiento y que la apro- bación definitiva de la modifica- ción del Plan a que se condicionó se produjo efectivamente, la ins- cripción en el Registro a nombre del Ayuntamiento no puede quedar afectada por aquél. [ ] Si la certificación administrativa presentada establece que la finca a que se refiere está destinada por el planeamiento a terreno de cesión obligatoria y que se han cumplido los requisitos para la consumación de la adquisición en la persona delAyuntamiento, cabe afirmar la idoneidad documental del título presentado para proceder a la inscripción solicitada.

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