Observatorio Inmobiliario y de la Construcción nº98

pág 68/nº98/2019 OBSERV V TORIO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN A partir del conocido principio instaurado en el párrafo segundo del artículo 47 de la Constitución, según el cual “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanís- tica de los entes públicos” , la legisla- ción urbanística española ha venido contemplando, ya desde la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, una diversidad de fórmulas en virtud de las cuales hacer realidad práctica su consecución. La configuración como doble deber legal, vinculado, en la terminología de la vigente legisla- ción estatal, a la promoción de las actuaciones de transformación urba- nística, del de cesión gratuita de los suelos afectos a redes públicas y del suelo en el que localizar una cuota del aprovechamiento resultante de planeamiento, en ambos casos a fa- vor de la Administración, y, de otro, del deber de ejecutar las obras de urbanización a costa de los propie- tarios, son en esencia los principales medios ideados por el legislador pa- ra dar efectividad al principio cons- titucional enunciado. Pues bien, de las tres medidas se- ñaladas, interesa en este caso la re- ferida a la cesión de suelo en el que localizar el aprovechamiento urba- nístico que por ministerio de la Ley corresponde a la Administración, deber que, en el lenguaje común en la materia, es habitualmente iden- tificado con la conocida cesión del 10% del aprovechamiento o del por- centaje que dispusiera el legislador autonómico dentro de los límites máximos y mínimos al efecto con- templados por el legislador estatal. En todo caso, frente a las conse- cuencias que podrían deducirse de la aplicación puramente material de los términos utilizados, cuando se alude a la cesión no se está propiamente ante una verdadera cesión sino que, más bien, debe hablarse de la reserva a favor de la Administración de una porción del aprovechamiento urba- nístico resultante del planeamiento, en los casos en que sea preceptivo, y que esta reserva se hace efectiva con la aprobación de los Proyectos de equidistribución en el caso de una pluralidad de propietarios. Por lo tanto, no se puede hablar en sentido estricto de cesión de una porción del aprovechamiento urba- nístico, sino que el aprovechamiento genérico concedido por el planea- miento sólo puede patrimonializar- se por los particulares en aquella porción legal que permite el ordena- miento jurídico mientras que el res- to no patrimonializable a su favor pertenece a la Administración. Por consecuencia la cesión del aprovechamiento se produce sim- plemente por causa de la aprobación del Plan como título de adquisición, sin perjuicio de que la tradición, pa- ra completar el círculo resultante del ordenamiento español que para la adquisición de bienes requiere título y modo, se realice mediante la aprobación de los Proyectos reparce- latorios. Dicho lo anterior, en cuanto se refiere al régimen legal aplicable en la materia tratada ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 18.1.b) de la Ley del Suelo de 2015 cuando afir- ma que en las llamadas actuaciones de urbanización habrá de cumplirse el deber legal consistente en “entre- gar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de La monetización del aprovechamiento urbanístico de cesión municipal URBA N ISMO Vicente Laso Baeza Laso &Asociados

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