Observatorio Inmobiliario y de la Construcción nº98

pág 83/nº98/2019 OBSERV V TORIO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN ejecutante ha optado por utilizar la vía de ejecución directa sobre bienes hipotecados (artículo 129.1 a). El Tribunal Constitucional, en su Sentencia número 113/2011, de 19 de julio, afirma que la ejecución hi- potecaria se caracteriza por la ex- traordinaria fuerza ejecutiva del título y paralela disminución de las posibilidades de oponerse median- te la formulación de excepciones. Por ello, dicho procedimiento, solo se reconocerá si se respetan una serie de garantías básicas que im- piden la indefensión del demanda- do que va a terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de eje- cución. Entre esas garantías funda- mentales está la de que la adjudica- ción, en caso de que la subasta que- de desierta, se haga al ejecutante por una cantidad que respete unos porcentajes mínimos del valor de tasación de la finca hipotecada. Si dichos límites no se respetan , no puede sostenerse que se ha se- guido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimo- nial del ejecutado y el registrador debe , incluso con más rigor que en el procedimiento declarativo ordi- nario, rechazar el acceso al Registro de la adjudicación. Esta función ca- lificadora no permite al registrador revisar el fondo de la resolución judicial en la que se basa el manda- miento de cancelación, esto es, no puede juzgar sobre su procedencia, pero sí comprobar que el manda- miento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos le- gales que preservan los derechos de los titulares de los derechos ins- critos en el registro cuya cancela- ción se ordena por el tribunal. – El artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece: “ Si en la subasta no hubiere ningún pos- tor, podrá el acreedor, en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda ha- bitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hu- biera salido a subasta o por la can- tidad que se le deba por todos los conceptos . Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien ”. – Con base en los principios ge- nerales de interpretación de normas jurídicas recogido en el artículo 3 del Código Civil, la interpretación del artículo 671 no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado distorsiona- do. En efecto, admitir que el acree- dor pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente menos del 50% del va- lor de tasación de la finca, supone romper el equilibrio que el legis- lador ha querido que el procedi- miento de apremio garantice entre los intereses del ejecutante (ob-

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