Observatorio Inmobiliario y de la Construcción nº99

pág 92/nº99/2019 OBSERVATORIO JURÍ D ICOY FISCAL OBSERV V TORIO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de septiembre de 2018 M ediante sentencia dic- tada por un Juzgado de lo Mercantil se de- claró la nulidad de una compraventa for- malizada por una sociedad concur- sada y se ordenó la cancelación del asiento registral causado por la ins- cripción de la transmisión de cuya nulidad se trataba y de los que de aquél se derivaban. Presentado man- damiento expedido por la letrada de la Administración de Justicia de dicho Juzgado de lo Mercantil para que se llevara a cabo la cancelación de los asientos registrales causados por la compraventa cuya nulidad se declaraba, se practicó únicamente la cancelación de la inscripción de la escritura de compraventa declara- da nula, quedando el dominio de la finca revertido a favor de la vende- dora, pero no se practicó operación alguna en cuanto a la cancelación de los asientos registrales derivados de la compraventa declarada nula, por ser este extremo objeto de califica- ción negativa. En particular, respecto a la solicitud de cancelación de un asiento registral de hipoteca, se sus- pende la inscripción solicitada por el defecto siguiente: resulta del Regis- tro que la finca aparece gravada con una hipoteca a favor de una entidad financiera, ya se ha iniciado el proce- dimiento de ejecución hipotecaria y no consta que el incidente concursal se haya desarrollado con interven- ción del citado acreedor hipotecario. Se interpuso recurso contra la anterior nota de calificación, que se estimó con base en los siguientes extremos: En el mandamiento de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil, en el que se ordena la cancelación de los asientos registrales causados por la compra- venta cuya nulidad se declara, tam- bién se solicita la cancelación de la inscripción de hipoteca. En ese man- damiento consta expresamente que la referida sentencia ha sido notificada a la sociedad y al acreedor hipotecario sin que hayan realizado manifesta- ción alguna contra dicha resolución. Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el vigente es indispensable que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con una resolución judicial dictada en un procedimiento en el que éste haya sido parte ; de lo con- trario surge un obstáculo del mismo Registro que impide que se proceda como se solicita, incluso aunque se haya instado la petición por un or- ganismo judicial. Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que el principio constitucional de protección juris- diccional de los derechos e inte- reses legítimos impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él, ni han intervenido de ninguna ma- nera, ya que lo contrario supondría vulnerar el principio de tutela judi- cial efectiva y, en definitiva, el artí- culo 24 de la Constitución. Es un principio básico de nues- tro sistema registral que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de venir otorgado por el titu- lar registral o en un procedimiento seguido contra él, alternativa que desenvuelve en el ámbito registral el principio constitucional de salva- guardia jurisdiccional de los dere- chos e interdicción de la indefensión. Este principio deriva, a su vez, de la legitimación registral, pues si la inscripción implica una presun- ción iuris tantum de exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en bene- ficio del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Regis- tro a los títulos otorgados en pro- cedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus here- deros y esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro del ámbito de calificación de documentos ju- diciales contemplado en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario. El respeto a la función jurisdic- cional que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales impone a todas las autoridades y funcionarios públicos (incluidos los registrado- res), la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. No obstante, el registrador tiene sobre tales re- soluciones la obligación de califi- car determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la re- solución, pero sí examinar si en el procedimiento han sido emplaza- dos aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión . El citado artículo 100 del Reglamento Hipotecario impone al registrador la obligación de calificar, respecto Efectos registrales de las sentencias C A S O 2

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